Monetizar o no monetizar: ¿esa es la cuestión?
El debate entre los académicos y los expertos es si esto es siquiera viable. De lograrse, tendríamos un poderoso impulsor de la inversión sostenible. Dos visiones encontradas, un objetivo claro: cerrar brechas y conservar el medio ambiente.
En Mutual-Co acercamos dos universos: el de la estrategia -muy presente en las empresas en su búsqueda de rentabilidad-, y el del sentido -que motiva a las organizaciones que quieren impactar positivamente en la sociedad—, llenando la estrategia de sentido y el sentido, de estrategia. Con eso en mente, nosotros y muchos otros actores en el mundo, hemos venido trabajando por determinar, medir y monetizar (medir en dinero) el impacto económico, social y ambiental de las acciones del mundo del desarrollo. Es un asunto fundamental, pues a grandes problemas como la inequidad, la pobreza o el cambio climático, se requieren grandes soluciones con igualmente grandes inversiones. La monetización del impacto es un factor clave para cerrar la brecha entre inversión social y la rentabilidad financiera y así, impulsar esas grandes inversiones.
La monetización del impacto busca traducir métricas dispares, provenientes de diversos campos – medio ambiente, salud pública, gestión de recursos humanos, política pública, entre otros-, a unidades monetarias que puedan ser entendidas y usadas por empresarios, formuladores de política pública, inversionistas, empleados, clientes y sociedad civil.
Es tema de debate si esta monetización es posible, real y pertinente, dado que la trazabilidad financiera de las inversiones sociales se diluye en asuntos más etéreos, como la adquisición de habilidades para la vida o la inclusión, por ejemplo. La Universidad de Stanford, en su revista Stanford Social Innovation Review, nos presenta dos posiciones encontradas sobre las que los invitamos a reflexionar.
Por un lado, están Andrew King de la Universidad de Boston y Kenneth Pucker de Tufts University: los incrédulos y de alguna forma, pesimistas. Sus argumentos principales para oponerse a un modelo de monetización del impacto son:
- Aspectos como el beneficio de los consumidores, impactos ambientales, impactos sociales (contribución a la educación, a la calidad de vida, a la inclusión, etc), no son directamente medibles en dinero (medición financiera-contable). Para definir su precio-costo, múltiples aspectos tendrían que valorarse económicamente con base en la utilidad percibida por los actores impactados.
- Pero el mercado ya tiene una medida del precio por medio de la oferta y la demanda, un mecanismo autorregulado. Para poder asignar un valor financiero a los distintos impactos socio-ambientales se requeriría una enorme (y costosa) capacidad de procesamiento que varía de industria en industria, de sector en sector, y que pretendería reemplazar el mecanismo de oferta y demanda, por un análisis de expertos. Expertos que pueden tener sesgos e intereses, y que jamás podrán ser precisos en esta valoración.
- Si bien este mecanismo de valoración busca la “auto regulación”, no puede ser preciso, estandarizado y objetivo, por tanto, es imposible de verificar y manipulable. Conduciría a asimetrías en el mercado, lo que terminaría por concentrar el poder de mercado entre las empresas que aparentemente crean el mayor valor financiero con sus impactos.
Ante estas limitaciones, la solución propuesta es la regulación del Estado: normas, subsidios, programas sociales. Señalan cómo la prohibición de los clorofluorocarburos detuvo la desaparición de la capa de ozono o el subsidio a la implementación de energías limpias ha acelerado la innovación y el reemplazo energético. Para estos pesimistas, los defensores de la monetización del impacto deberían volcar sus esfuerzos por la transparencia de la inversión de las empresas en campañas políticas y lobby, que impactan dicha regulación estatal.
Para los promotores, la monetización es la forma más expedita para incorporar las consideraciones de todas las partes interesadas en la gestión y decisión de las inversiones. Robert Zochowski, Katie Panella y Ben Carpenter, miembros del Proyecto de Cuentas Balanceadas por el Impacto (Impact-Wighted Accounts Project) de la Escuela de Negocios de Harvard, responden a las críticas planteando que:
- Este tipo de valoración ya sucede, por ejemplo para valorar riesgos. En lo que puede acercarse más a un “lavado de impacto” que, a una verdadera valoración, más de 35 billones de dólares en el mercado están siendo etiquetados como ASG (con criterios de Ambiente, Impacto Social y Gobernanza) o de “impacto” y se venden como “activos premium” a los inversionistas y los consumidores. La propuesta de valoración y monetización del impacto busca sumar rigor, datos y compromiso de las partes interesadas a este mercado. Para valorar la utilidad percibida por los distintos actores, se propone un sistema donde la creación y destrucción de valor son analizadas por parte interesada y por dimensiones de bienestar para proveer un contexto a cada medición. No es una medición unidimensional.
- El mecanismo de la oferta y la demanda para valorar activos, solo funcionaría de forma eficiente bajo el supuesto de la información perfecta. En muchos productos, los consumidores pagan un precio impuesto por fuerzas que actúan más allá de la oferta y la demanda, como es el caso de la energía, la gasolina o los alimentos. La monetización evidenciaría el verdadero costo de las decisiones que impactan positiva o negativamente a todas las partes interesadas, incluyendo el ambiente. Hoy eso no se refleja en los precios.
- No es una valoración dejada a la subjetividad de los expertos, sino un proceso de inclusión de las valoraciones de los actores a lo largo de la cadena de valor, reconociéndoles su rol de agentes en el mercado. Para disminuir los costos de procesamiento de la valoración y la priorización de los impactos dentro del requerido proceso de consulta, los defensores trabajan sobre un principio que llaman “flexibilidad limitada” o elección dentro de límites. Plantean un sistema que puede usarse a través del tiempo, los actores y sus contextos, al establecer límites basados en criterios metodológicos para el establecimiento de precios. Estos informan sobre los límites de valoración aceptables y los intervalos de confianza, lo que permite un grado de comparabilidad, al tiempo que reconoce el dinamismo del contexto.
Para los defensores, la monetización del impacto funciona dentro de un ecosistema de actores: inversionistas, empresas, empleados, consumidores y gobiernos, con responsabilidades tanto de acción como de transparencia. No es un asunto que pueda dejarse a la regulación estatal que, además, ha sido insuficiente para cerrar las brechas del desarrollo. Aplicar lenguaje monetario al desarrollo amplía la audiencia y la agencia de todos los actores al dar claridad sobre los costos de sus decisiones de producción/inversión. La transparencia exige que se comuniquen todos los supuestos que dieron marco a la valoración y de ahí, otros agentes tienen una base para chequear si las valoraciones son razonables.
Desde Mutual-Co, reconocemos que en temas de medio ambiente hay mayor convergencia en cómo valorar los costos – por ejemplo, la huella de carbono-, de la que hay en temas sociales, como el impacto en la calidad de vida de las comunidades. Hay un largo camino por recorrer para alcanzar un lenguaje común de medición y valoración financiera del impacto ambiental y social que sea considerado en el precio y la inversión de los distintos bienes y servicios, a lo largo del espectro productivo (sectores, industrias, países, etc.). En menos de una década nos estaremos evaluando respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿habremos logrado transformar el paradigma de la producción y el consumo lo suficiente como para revertir las tendencias que hoy nos agobian, en cuanto a pobreza, inequidad y deterioro ambiental? Si bien, el camino por recorrer para monetizar el impacto es largo, es urgente encontrar herramientas claras y compartidas para promover una economía verdaderamente sostenible y responsable. Se requieren actuaciones desde todos los actores, no solo regulación estatal.
Nada se ha logrado renunciando ante la complejidad del reto. En comunicación aprendemos que, para conseguir la apropiación de una idea y el cambio de un comportamiento, debemos atender a lo emocional, lo experiencial y lo racional. Esto último es posible, sobre todo con datos y hechos. Lograr la inversión que se requiere para las grandes y urgentes apuestas del desarrollo no será posible sin poder comunicar el caso de negocio: lo racional que motiva la inversión financiera que, en su mayor grado, sería la monetización del impacto.
